En las elecciones del próximo domingo 28 de octubre, Brasil elige mucho más que un candidato a presidente. Se elige una visión del mundo, del tipo de humanidad que vamos habitar. En este pequeño artículo debatiremos el proceso político actual en Brasil.
Aproximación al caso brasileño
La violencia tomó cuenta del escenario brasileño. La prepotencia se fue liberando de a poco, fogueado por políticos, medios de comunicación, fake news y posibilitado por un campo fértil producto de la frustración y falta de perspectivas que se fue instalando en la sociedad.
Después de cuatro elecciones ganadas por el partido de los trabajadores (PT), en el gobierno desde 2003 a 2016, el mapa brasileño cambió profundamente. Políticas de fuerte inclusión social, visibilización de la diversidad y ampliación del Estado de bienestar, mismo que precario, el PT se tornó el enemigo a ser anulado y eliminado por los sectores conservadores, elites y partidos tradicionales del país. De esta forma, el PT se convirtió en el responsable de todos los males brasileños. Una guerra híbrida contra una visión del mundo. Parte de un proceso regional, los gobiernos progresistas que gobernaron la última década, están siendo sustituidos, por diferentes medios, por gobierno de derecha, conservadores y con políticas económicas de cuño neoliberal y nuevas políticas de seguridad.
El golpe de estado de 2016 en Brasil quebró la trayectoria de los gobiernos del PT, para establecer una nueva dirección de reducción de derechos sociales, aumento de la violencia, y multiplicación de los problemas sociales, tanto como el aumento de la pobreza, miseria y el hambre. Hoy el miedo es quien racionaliza las elecciones.
En este curso reciente, encabezados por el presidente Michel Temer, Brasil fue liberando las contradicciones que estaban silenciadas en tiempos del PT. Un gobierno usurpador que implementa acciones que se asemejam a una venganza contra un gobierno popular y de izquierda pero que sus efectos nocivos alcanzan a toda la población.
Además de las excepcionalidades constantes existente desde 2016, la ley y la justicia se tornaron selectivas y parciales. Transformándose compañeros del gobierno actual en la construcción del nuevo norte político económico del país. De forma gradual pero constante, mucha legislación fue aprobada en un escenario de excepcionalidad. Leyes que nunca habrían visto la luz en un proceso democrático ordinario por su perfil antisocial y de reducción de derechos.
Cuando observamos los poderes institucionales formales, difícilmente podemos analizarlas como instituciones que funcionan normalmente. Por el contrario, una de las características principales de este momento histórico es el vaciamiento de los sentidos de la democracia y sus instituciones centrales. Hoy en la frontera con el autoritarismo, pero esforzándose para exhibir la formalidad mínima que exige una democracia. En cierto sentido, una estética democrática con alma y espíritu autoritario. Contradicción pura.
Uno de los puntos más controvertidos de estas elecciones es la presencia militar en las más diversas áreas. Y no solo de presencia hablamos. También de declaraciones que colocan los sentidos de la democracia en las sombras y el fantasma del pasado autoritario comienza a aparecer en todos los ámbitos. En fin, presencia, discurso y símbolos están siendo disputados en estas elecciones.
La presencia de un candidato de extrema derecha liderando las encuestas es de por sí preocupante para cualquier ciudadano y defensor de la democracia. Pero no se trata simplemente de su presencia, sino de sus símbolos. Hoy la violencia y prepotencia ya están instaladas en Brasil. Según una investigación, desde la primera vuelta hasta la fecha más de 50 casos de violencia realizada por apoyadores del candidato Bolsonaro. Cada día es noticiada más de una violencia cometida por cuestiones políticas en las más diversas situaciones. En la misma línea, existe una constante en escuelas y universidades públicas, donde las pintadas de esvásticas y declaraciones racistas y misóginas son actos cotidianos. Una violencia que reduce los sentidos de la democracia, de la expresión y reconfigura el escenario social ante la embestida del candidato contra la diversidad y la democracia.
En este escenario, los sectores antidemocráticos que se fueron adaptando en la democracia están saliendo de las sombras. Ese monstruo latinoamericano del autoritarismo y violencia expandida. Estos sectores se sienten legitimados por el clima de época actual. Envalentonados por el desorden, los militares fueron posicionándose públicamente, predominantemente apoyando al candidato antidemocrático.
El retorno del verde oliva o la democracia tutelada.
El candidato a presidente Jair Bolsonaro es, hasta hoy, la carta política electoral más alta de los militares en democracia en Brasil. A pesar de presentarse como outsider, es diputado federal desde 1991. Como imagen simbólica y signos de la disputa brasileña actual, su gesto más conocido en su campaña es la simulación del disparo de arma de fuego con los dedos índice y pulgar1. Un astro de la violencia. El candidato del PSL hace de la condición de militar una bandera de campaña. Y con ella, aumenta los seguidores que comprenden que Brasil precisa una mano llena de disciplina, del orden y progreso, tradición nacional.
El 30 de agosto de 2017, el general Villas Bôas dijo que el «políticamente correcto« está «entramado en nuestra sociedad». Y preguntó: «eso funciona?». El políticamente correcto es, en la visión del comandante del Ejército, «la supremacía del derecho individual sobre el derecho colectivo»2. Entre otros comentarios cada vez más desinhibidos. Recordemos que esa idea ya estaba presente en el general. En diciembre de 2016 ya había declarado: «La crisis es de naturaleza política, económica y ética, y aquí entra otro problema que está infringiendo con profundidad la sociedad, vivimos impregnados de ese pensamiento de lo políticamente correcto. Dictadura del relativismo”3. De general a filósofo de bar.
En esta nueva trayectoria, los militares están participando de los más diversos ambientes. A la ya tradicional creencia de que son la reserva moral del país, ahora se han auto intitulado como los tutores de la democracia. Una hipocresía extrema, pero auténtica. Así lo dejaron claro en la decisión del Supremo Tribunal Federal sobre el último habeas corpus del caso Lula da Silva, el 4 de abril de 2018, el mismo general Eduardo Villas Bôas, comandante del Ejército, declaró que: “las fuerzas comparten los deseos de todos los ciudadanos de bien del repudio a la impunidad y de respeto a la constitución, a la paz social y a la democracia, bien como se mantiene atento a su misión institucional”4. Una nítida actitud de tutela ante una decisión fundamental de la alta corte brasileña.
En un escenario nacional que de a poco acepta el verde oliva, sectores del ámbito militar están reconfigurando su presencia en el escenario. En este sentido, desde el día 23 de mayo de 2018, Villas Bôas recibió diez candidatos a la Presidencia de Brasil5. En su desfile antidemocrático, en julio de este año, Jair Bolsonaro propuso aumentar de 11 a 21 los ministros del Supremo Tribunal Federal (STF). Una idea típica de regímenes autoritarios6. Intentando no perder su empleo y entrar en la onda verde oliva, el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, al asumir la presidencia del alto tribunal el 13 de septiembre de 2018 indicó como asesor al militar de la reserva Fernando de Azevedo e Silva7. Recientemente, el 21 de octubre, el hijo del presidenciable Jair Bolsonaro (PSL), Eduardo Bolsonaro (PSL) que fue el diputado más votado de la historia de Brasil, en declaraciones polémicas, pero coincidiendo con su padre, indicó que “basta un soldado y un cabo para cerrar el STF”8. El horizonte institucional en el abismo.
El general Antônio Hamilton Mourão, candidato a vice de Bolsonaro, declaró que defiende que el país tenga una nueva Constitución sin la necesidad de ser hecha por los «elegidos por el pueblo»9. El 7 de septiembre, en una entrevista con GloboNews, Mourão defendió un ‘autogolpe’ en caso de anarquía, con actuación de las Fuerzas. O sea, Mourão dejó abierta la posibilidad de una intervención militar en caso de «anarquía» y defendió una nueva Constituyente sin participación popular. Pero sus declaraciones también entran en el campo sociológico al definir como «fábrica de desajustados» a las familias pobres lideradas por madres y abuelas10. Agregando a su lista de declaraciones iluminadas, el aplaudir la mejora por el “blanqueamiento de la raza” como es el caso de su bonito nieto11. Otro filósofo del atraso. O, en palabras de Ciro Gomes, “um jumento de carga”12.
En la misma línea de tutela y expectativa electoral, días antes del primer turno, el 28 de septiembre, el candidato a presidente Jair Bolsonaro indicó que “por lo que veo en las calles, no acepto un resultado diferente que mi elección”13. Pero su romance con la excepción y gestos antidemocráticos no son una novedad. El domingo 16 de septiembre Bolsonaro declaró contra la campaña del PT y sugirió que las urnas electrónicas no son fiables: «El PT ha descubierto el camino para el poder, el voto electrónico»14. Su posición sobre la urna electrónica y el fraude ya había sido expuesta en la entrevista en el programa de TV Roda Vida, a fines de julio: «Vamos a continuar bajo la sospecha del fraude»15. Abriendo la posibilidad de cuestionar el resultado de las elecciones.
Si por una parte los militares se sienten liberados para exhibir sus reflexiones filo-sociológicas iluminadas y sus condicionamientos a la democracia, por otro lado, el decreto 4346, de 2002, especifica cuáles son las transgresiones pasibles de castigo administrativo (dentro de la propia institución), y las manifestaciones políticas están explícitas en tres de ellas: 57.- Manifestar, públicamente, el militar de la activa, sin que esté autorizado, respecto de asuntos de naturaleza político-partidista; 58.- Tomar parte, fardado, en manifestaciones de naturaleza político-partidista; 59.- Discutir o provocar discusión, por cualquier vehículo de comunicación, sobre asuntos políticos o militares, excepto si está debidamente autorizado. En definitiva, una constante violación a la ley.
Pero la onda verde oliva está en alta. Al menos el 8% de los 961 candidatos militares que disputaron las elecciones del domingo 7 de octubre lograron ser elegidos. Candidaturas que se apoyaron en temas de la seguridad pública y la lucha contra la corrupción. Y su presencia electoral fue tanto en diversos estados como en diferentes cargos electivos en disputa. En total, en un levantamiento que considera sólo a los que se declararon militares, es posible señalar al menos 79 nombres confirmados en el Congreso Nacional y en las asambleas legislativas. Entre ellos, ya están aseguradas dos vacantes en el Senado y 22 en la Cámara de diputados nacional. En los estados, el número pasa de 60 parlamentarios16.
Los militares y la democracia tutelada
Después de poco más de 30 años de normalidad democrática, la excesiva desenvoltura de los militares en el acoso al poder desde el golpe de 2016 puede parecer sorprendente, pero no lo es. Si la situación política brasileña parece caminar a pasos acelerados hacia un régimen político con rasgos cada vez mayores de autoritarismo y militarismo, esto se debe en gran parte a la manera como la estructura de las relaciones civiles-militares establecida en la redemocratización garantizó prerrogativas militares que mantuvieron a las Fuerzas Armadas con bajo grado de control democrático. La tesis de la democracia tutelada, defendida por Jorge Zaverucha, está basada en esa constatación. Si hasta aquí podríamos concordar sobre la tutela militar, la transición actual indica un paso más allá de la tutela: los militares están asumiendo un protagonismo político hasta entonces inédito en este corto ciclo democrático nacional, protagonismo este que, asociado a otros sectores que flirtean con el autoritarismo, puede llevar a un cambio estructural en el propio sistema político.
La crítica a la tesis de la democracia tutelada apuntaba que los mecanismos institucionales de neutralización de la influencia política de los militares en la Nueva República y la baja capacidad de poner en práctica las prerrogativas garantizadas por la Constitución de 1988 acabaron prevaleciendo en la década de 1990 (Hunter, 1997 Apud Castro e D’Araujo, 2001). De hecho, lo que se vio a lo largo de casi tres décadas es coherente con la idea de que ha habido hasta los últimos años una erosión de la influencia militar en la política. Hoy, podemos decir sin duda que el cuadro ha cambiado. Pero, ¿cuáles son los antecedentes que marcan ese punto de inflexión? ¿Y cómo se pavimentó el camino para el resurgimiento de la amenaza militarista y autoritaria que observamos a partir del golpe de 2016 y de la actual perspectiva de la elección de Bolsonaro en 2018?
Después de una Ley de Amnistía, establecida aún durante la dictadura, en una condición asimétrica de negociación política que garantizó la absolución unilateral de torturadores que cometieron crímenes contra la humanidad, los militares condujeron la transición ‘desde arriba’, a través de una elección indirecta en 1985. En la Constituyente, los militares se mantuvieron activos para resguardar sus prerrogativas que, una vez aceptadas por los civiles, «constitucionalmente, dieron a los amplios poderes de los militares un barniz democrático» (Zaverucha, 2005: 54). En la Constitución de 1988, los artículos referentes a las fuerzas armadas, policías militares estatales, sistema judicial militar y seguridad pública se mantuvieron muy próximos a los de la Constitución autoritaria de 1967 y su enmienda de 1969 (Zaverucha, 2005: 59).
El más controvertido artículo es el 142, que dice que las Fuerzas Armadas «se destinan a la defensa de la Patria, a la garantía de los poderes constitucionales y, por iniciativa de cualquiera de éstos, de la ley y del orden». Según Carvalho (1986), la nueva formulación tuvo el mérito de sustituir el término «poderes constituidos» por «poderes constitucionales», además de retirar la expresión «obediencia dentro de los límites de la ley», introducida en la Constitución de 1967. En la primera versión presentada en la Constitución, en la Constituyente no constaba la garantía de la ley y del orden como misión de las Fuerzas Armadas, lo que habría sido un avance considerable, pero ésta fue incluida y aprobada tras la presión de los círculos militares. Los constituyentes complementaron la misión estableciendo una salvedad «por iniciativa de cualquiera de estos [poderes constitucionales]», lo que en tesis debería restablecer el control civil sobre lo militar. Las interpretaciones de este artículo, sin embargo, son utilizadas para relativizar ese control, abriendo brechas para raciocinios golpistas de militares que aún se ven como el poder interventor en última instancia.
No por casualidad es justamente en este artículo 142 que el candidato a vicepresidente general Mourão se aferra a defender una hipótesis de intervención militar en situaciones de anarquía –que no está tipificada de ninguna forma en la Constitución.
Mourão: É uma questão de, quando você olha a missão constitucional das Forças, tem uma missão que eu considero, que ela é uma coisa, como é que interpretar isso, que é a tal da garantia dos poderes constitucionais. Como é que a gente garante os poderes constitucionais? Mantendo a estabilidade? E, se um Poder não consegue mais cumprir a sua finalidade, o que nós fazemos? Então é uma discussão que nós temos tido ao longo dos tempos, porque está escrito na Constituição.
(…)
Heraldo: Mas, general, sempre a pedido, por solicitação de um dos Poderes. Não é por conta própria…
Mourão: Pois é, mas quando a gente vê que pode ocorrer uma anomia. Nós estamos falando aqui de uma situação hipotética, né, isso é hipotético. Quando você vê que o país está indo para uma anomia, na anarquia generalizada, que não há mais respeito pela autoridade, grupos armados andando pela rua…
Heraldo: Mas não está na Constituição, a letra da Constituição não estabelece essa possibilidade, isso é uma possibilidade fora…
Mourão: Heraldo, toda missão tem que haver uma interpretação. O comandante, o item 1 do estudo de situação do comandante é interpretar a missão. E não é fácil.
Heraldo: Não existe interpretação, general, porque a letra, vamos tratar na literalidade da Constituição e o guardião da Constituição é o STF, que interpreta.
Mourão: Só que a garantia dos poderes constitucionais não é por iniciativa de qualquer um dos poderes. A da lei e da ordem, sim.
(…)
Miriam: Não existe na Constituição a possibilidade de as Forças Armadas agirem por conta própria. Existe apenas: ela atende a comando de poderes institucionais brasileiros. É esse ponto que a gente não está entendendo muito bem…
(…)
Mourão: Vamos ver o seguinte: responsabilidade. As Forças Armadas têm responsabilidade de garantir que o país se mantenha em funcionamento. Cruzamos os braços e deixamos que o país afunde?
Cristiana: A política não tem como mediar isso?
Mourão: Se a política não estivesse mediando. Olha a situação que eu estou colocando, Cristiana, é o momento em que a anarquia toma conta do país. Não está acontecendo.
Cristiana: Mas em qualquer hipótese, uma intervenção é..
Merval: Quem é que vai decidir que a situação está de anarquia nesse limite que o senhor está colocando?
Mourão: Para isso que existe comandante, né? O comandante teria que decidir, não seria a iniciativa…
Merval: Mas o comandante quem? O presidente da República?
Mourão: O próprio presidente é o comandante-chefe das Forças Armadas, ele pode decidir isso. Ele pode decidir empregar as Forças Armadas. Aí você pode dizer: “mas isso é um autogolpe”.
Merval: É, é um autogolpe.
Mourão: É um autogolpe, você pode dizer isso.
Otro aspecto importante es el control sobre las policías militares estatales, que permanecen desde 1969 fuertemente vinculadas a las Fuerzas Armadas. En el período de la redemocratización, cuando el peso político de las Fuerzas Armadas disminuyó, las policías militares ampliaron su espectro de actuación en el ámbito de la seguridad pública, convirtiéndose entonces en uno de los vectores de mantenimiento de prácticas autoritarias y represivas, desde los años 1980 dirigidas hacia el enfrentamiento de la criminalidad común, no más a las disidencias políticas, como en la dictadura militar. La policía militar ganó mayor importancia en los años de la dictadura, a partir de 1969, pasando a hacer policiamiento ostensivo y de tránsito, en detrimento de la policía civil. El control de las Fuerzas Armadas sobre las PM se consolidó a través de la Inspección General de las PM (IGPM), responsable de la instrucción de los PMs. Los reglamentos de las PMs estatales replica el reglamento militar y el juicio de los PMs se daba en un foro militar, consolidando el trinomio instrucción, reglamento y justicia militar. Los servicios de información de las PM (P-2) también están conectados a los del Ejército. La Constitución de 1988 poco alteró la estructura de la relación entre militares y policía. La Policía Militar se mantuvo como fuerza auxiliar y reserva de las Fuerzas Armadas (Zaverucha, 2005, pp. 69-80).
Los vínculos con las Fuerzas Armadas se mantuvieron también en la gestión de la seguridad pública. En 1995, la gestión de un general de la reserva en la Secretaría de Seguridad Pública estableció la conocida ‘gratificación del oeste’, que premia a policías por actos de bravura en servicio, lo que llevó a la disparada del número de muertes por intervención policial. La naturalización de los asesinatos causados por la policía pasa también por los mecanismos de la justicia militar. Desde 1996 los crímenes cometidos por policías militares contra civiles pasaron a ser juzgados por civiles, pero la investigación permaneció en la justicia militar (Zaverucha, 2005), una situación híbrida que mantuvo una capa de protección para los abusos de la PM.
Las sucesivas incursiones militares en la seguridad pública, desde la Operación Río, en 1994, pasando por intervenciones puntuales en situaciones de crisis y ocupaciones militares como la de Maré, en 2014 y 2015, consolidaron una normalización de la actuación militar como un recurso regular y recurrente, lo que debería ser visto como una excepción. Este proceso llega a su punto máximo con el decreto de intervención federal en la seguridad pública del Estado de Río de Janeiro, que colocó a un general al mando de las policías de febrero a diciembre de 2018. A pesar de la ineficiencia de todas las acciones anteriores de las Fuerzas Armadas y de los ocho meses de la actual intervención, la expectativa de redención sigue siendo cultivada por la población. Si los índices de violencia empeoraron, el resultado recogido en las urnas en el 1er turno de las elecciones de 2018 fue un éxito para la intervención: Río de Janeiro fue un Estado con uno de los mayores porcentuales de voto de Bolsonaro y eligió a su hijo para senador.
En ese contexto de intervención, Río de Janeiro fue escenario del atentado político más grave ya ocurrido en el período democrático, el asesinato de la concejala Marielle Franco, cuyas investigaciones no llegaron a ningún lugar después de 7 meses. La previsión es que el crimen siga impune. El hecho de que el asesinato ocurrió en un período de intervención militar apuntando justamente una de las principales voces críticas a la intervención debería llamar la atención sobre un giro autoritario en el Estado de Río de Janeiro, que reverberó para el resto del país con la candidatura de Bolsonaro.
La tesis aquí defendida es que las estructuras policiales militares conservaron parte del escombro autoritario y represivo de la dictadura militar en su funcionamiento durante el período democrático. Mientras las Fuerzas Armadas fueron dirigidas a misiones institucionales más edificantes como la defensa de las fronteras, de la soberanía de la Amazonía y del mar territorial en tres décadas de democracia, las policías militares se mantuvieron activas como principal aparato represivo del Estado brasileño, orientado a favelas, periferias y prisiones, donde mantuvieron prácticas como ejecuciones sumarias, torturas y desapariciones, típicos del aparato represivo de la época de la dictadura. La vinculación entre las Fuerzas Armadas y las policías militares se mantuvo y se profundizó en las operaciones de garantía de la ley y del orden, en los sistemas de información, en los centros de mando y control y en las ocupaciones militares ocurridas en Río de Janeiro, principal laboratorio del uso de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad pública.
La supervivencia de las prácticas represivas típicas de la dictadura militar pueden ejemplificarse en dos episodios de gran expresión simbólica. En octubre de 2007, el lanzamiento de la película Tropa de Elite fue un éxito nacional, no sólo en las taquillas sino en el público que tuvo acceso a las copias piratas antes de la exhibición en los cines. El personaje principal, Capitán Nascimento, se convirtió en un ícono, un héroe popular, a pesar de las escenas en que comandaba sesiones de tortura o ejecutaba sumariamente a los criminales. En el cine, parte de los espectadores gritaba «calavera!», del BOPE17, y quedaba extasiada con las escenas de tortura y ejecución. El contraste entre la acción corrupta de la PM y los «incorruptibles» del BOPE ayudaron a reforzar esa imagen benigna de la «tropa de élite». Y la crítica racional a la tortura no logró suplantar la identificación emocional del público con los torturadores.
Ya en 2013, el caso de la desaparición de Amarildo fue un hito en la corta trayectoria de las UPP, Unidades de Policías Pacificadoras. El albañil Amarillo tuvo su cuerpo desaparecido tras un interrogatorio en la UPP de Rocinha, en el que fue torturado y asesinado con choques eléctricos, golpes y asfixia con saco plástico. La repercusión del caso llevó a una quiebra en el discurso de que las UPPs representarían un cambio en el patrón abusivo de la Policía Militar en el Estado de Río de Janeiro.
Las torturas, las ejecuciones y las desapariciones sobrevivieron como prácticas represivas en el funcionamiento normal del sistema policial y se sostienen en la invisibilización y deshumanización de las víctimas, en su mayoría jóvenes negros y pardos moradores de favelas y periferias urbanas.
Es posible suponer que cuando los candidatos Bolsonaro y Mourão hacen la apología de torturadores y de la ejecución sumaria, el imaginario social remite más a la figura de la acción policial en el combate a los criminales comunes actuales que a los centros clandestinos de la dictadura militar. La guerra a las drogas y la actuación policial militar fueron el refugio de los centros clandestinos de los tiempos autoritarios en un contexto democrático.
Además de la línea de continuidad autoritaria que atraviesa estructuras militar y policial en tiempos democráticos, podemos agregar la supervivencia de los vínculos paraestatales que conectaron en el pasado a los grupos de exterminio y estructuras represivas y que hoy articulan el poder de las milicias, la acción abusiva de las policías militares y el intervencionismo de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública. En 2018, es de destacar el refuerzo mutuo de esas estructuras en el Estado de Río de Janeiro, consolidando un ambiente represivo local en que emerge para el ámbito nacional la solución autoritaria del retorno de los militares al poder.
Dos artículos recientes sugirieron una genealogía sobre lo que representa Bolsonaro frente a la historia política reciente de Brasil. Celso Rocha de Barros (2018) llama la atención de que Bolsonaro y Mourão representan el sector militar que ganó poder en el período más agudo de la represión política (1970-1974), cuando los aparatos de tortura y ejecuciones sumarias fueron más activos. Este sector perdió espacio en los gobiernos subsiguientes (Geisel y Figueiredo), pero se mantuvieron organizados en pro de un retorno de la ‘línea dura’. Después de la amnistía, en 1979, una serie de atentados políticos promovidos por grupos militares de derecha ocurrieron en Brasil, teniendo como objetivo eventos políticos, gabinetes parlamentarios, organizaciones civiles y quioscos de periódico. El episodio del atentado frustrado en el Río Centro, durante el show del 1 de mayo en 1981, expuso de forma explícita el vínculo entre militares contrarios a la apertura y las acciones terroristas. Los atentados perdieron su ímpetu y la opción por la apertura siguió adelante. Uno de los co-responsables del atentado, el entonces jefe del Servicio Nacional de Información (SNI), General Newton Cruz, fue candidato a gobernador del estado de Río de Janeiro en 1994, obteniendo el 15% de los votos y una tercera colocación. Sus promesas: acabar con los bandidos en tres meses y actuar en cooperación con el Ejército, además de crear un Servicio Estadual de Información, inspirado en el SNI (DHBB / CPDOC, 2018).
Arquitectar atentados terroristas dejó de ser una práctica recurrente en los cuarteles durante el transcurso de los años 1980, menos para un joven oficial, Jair Bolsonaro, que en 1986 planeó explotar la principal base de agua que abastecía a la ciudad de Río de Janeiro, como forma de protestar por mayores salarios y perjudicar al general Leônidas Pires Gonçalves, entonces comandante del Ejército. Bolsonaro fue arrestado por 15 días, antes de ser absuelto por el Supremo Tribunal Militar, a pesar de haber sido expulsado de la Escuela de Oficiales por cuenta de este evento.
La obsesión de Bolsonaro y Mourão con los elogios y exaltaciones al Coronel Ustra, comandante del DOI-CODI entre 1970 y 1975, donde fueron torturadas y asesinadas decenas de personas, es un indicador sobre la alineación política de los candidatos. Demuestra a qué período y a qué perfiles de militares ambos buscan vincularse. Considerando la complejidad de los juegos internos de poder entre los propios militares y las diferentes estrategias y compromisos políticos en disputa a lo largo del período dictatorial, la elección del héroe de Bolsonaro y Mourão es bastante significativa.
El segundo artículo es el de Elio Gaspari (2018), que habla sobre los vínculos entre militares y «escuadrones de la muerte», anteriores incluso al inicio de la dictadura. Las ejecuciones extrajudiciales como prácticas de enfrentamiento a criminales crecieron a la sombra de la dictadura, en algunos casos comandados por agentes de la represión que se organizaban en grupos de exterminio para actuar al margen de la ley. La acumulación social de la violencia (Misse, 2008) ocurre desde los años 1950, cuando esta práctica de ejecuciones extralegales se inicia, teniendo a Río de Janeiro como importante foco, pero gana un peso mayor justamente a partir de los años 1980. Más recientemente, las llamadas milicias, formadas por agentes y ex agentes de seguridad, han representado una forma más sofisticada de escuadrones de la muerte (Misse, 2008), que combinan las antiguas ejecuciones extrajudiciales con el uso de la violencia para proyectar poder sobre un territorio y extraer recursos de la venta de protección y de las tarifas sobre servicios.
La política de las UPPs en Río de Janeiro, iniciada en 2008, no significó ningún enfrentamiento contundente a las milicias. Por el contrario, a pesar de los importantes efectos inmediatos de la CPI de las Milicias, conducida por Marcelo Freixo en la Asamblea Legislatura de Rio de Janeiro (ALERJ), las milicias crecieron y se expandieron hacia la capital y en el interior de Río de Janeiro, a la sombra del poder público. El posicionamiento de la familia Bolsonaro ha sido el de defender la actuación de grupos de exterminio, como hizo en un pronunciamiento en la Cámara Federal en 2003 y, de milicias, como lo hizo en diversos episodios en Río de Janeiro, incluso con propuesta de ley para legalización de las milicias.
El atentado contra la concejal Marielle Franco marcó un encuentro de diferentes tiempos, trayendo al presente una modalidad de atentado político típico del final de la dictadura militar, orientada contra militantes de izquierda. Y justamente marca el enfrentamiento directo a un abordaje de derechos humanos que buscaba politizar el derecho a la vida de las víctimas de la violencia de Estado, revirtiendo la deshumanización de los blancos potenciales de la política de seguridad pública vigente. Del ¿Dónde está Amarildo? al grito de ¡Marielle y Anderson Presentes!, la defensa de los derechos humanos en las favelas y periferias de Río de Janeiro ganó un alcance político más amplio, que sin embargo pasó a ser enfrentado de forma más abierta y violenta. El discurso inflamado de los candidatos de extrema derecha exhibiendo una placa de homenaje a la Marielle quebrada, como un despojo de guerra, es una escena que sintetiza los vínculos simbólicos del proyecto representado por Bolsonaro con la violencia política, la práctica abusiva de las policías, el poder miliciano y la represión a los partidos de izquierda.
Los linajes del Estado autoritario de Bolsonaro se pueden encontrar en las formas de violencia política que sobrevivieron en tiempos democráticos y que ahora se lanzan al centro del poder.
La militarización de la seguridad pública y los horizontes (nada prometedores) de la democracia
La agenda de la seguridad pública es un modulador de la adhesión popular al discurso bolsonarista. El argumento de que ese campo presenta una situación de calamidad bajo el dominio territorial de las organizaciones del comercio minorista del tráfico de drogas, las facciones, es un disparador de la retórica autoritaria. Él autoriza la militarización de la gestión de seguridad, con el recurso de los procesos constitucionales de excepción, como la Garantía de Ley y Orden, y, más recientemente, la intervención federal de Río de Janeiro. Esta narrativa de que las ‘personas de bien’ están bajo cerco define como enemigo público a las poblaciones de las favelas y de los barrios periféricos.
Este es un proceso de larga duración en Brasil. Es posible decir, que las poblaciones de las favelas y periferias, principalmente la población negra, jamás estuvieron plenamente tuteladas por los procesos de normalidad institucional en la democracia brasileña. La interrupción de lo cotidiano, la falta de previsibilidad, el abuso de las fuerzas estatales siempre fueron la tónica para esas poblaciones que comprenden la mayoría del pueblo brasileño. La interpretación de que Brasil poseía una democracia imperfecta despreció, al menos en el campo de la ciencia política, la dimensión social y la informalidad, y privilegió el análisis de las institucionalidades.
Es fundamental, a ese respecto, que retomemos la discusión fundadora de la ciencia política sobre las formas de gobierno. Teniendo en vista los arreglos institucionales de la democracia moderna, a los moldes de un gobierno mixto, los politólogos brasileños acabaron por privilegiar la cuestión de la arquitectura institucional. El debate sobre democracia acabó por ignorar el componente básico y definidor de esa forma de gobierno: gobierno del pueblo. Por más que las democracias modernas hayan tenido éxito en cancelar o neutralizar el componente monárquico en sus arquitecturas institucionales, no se puede decir lo mismo sobre esa pulsión autoritaria en el seno de la sociedad. La distancia entre ricos y pobres, en un país desigual como Brasil, relega las capas populares a una condición de ausencia de ciudadanía y de súbditos de un orden que no las abarca. Desde el punto de vista de la teoría de las formas de gobierno, sería más correcto decir que Brasil vive una experiencia política más cercana a la aristocracia que a la democracia. A una pequeña parte de la población se les proporcionan garantías del imperio de la ley, a los demás el Estado ofrece la fuerza, el control y la sumisión. La clase media vive con los ojos volcados hacia el modo de vida aristocrático y con los intestinos tomados por el pavor al pueblo, al demos.
La seguridad pública es un pretexto para el control social de las clases consideradas peligrosas, para el intento de anulación del componente negro e indígena de la formación social brasileña. Al enfocar la amenaza en las favelas y periferias, el Estado libera sus armas para un ejercicio de control de la vida y del cotidiano de los negros y de los más pobres. Es sintomático que Bolsonaro no hable una palabra sobre combate a las milicias en sus discursos contra la criminalidad. Eso porque las milicias actúan en los últimos treinta años como operadores ilegales de ese proceso de control de la vida de las clases populares bajo la lógica del combate al tráfico. Estos grupos incorporaron el modelo de negocio de los grupos de exterminio –que actúan en la Baixada Fluminense desde la primera mitad del siglo pasado, vendiendo seguridad para empresarios y comerciantes de la región– con la expansión hacia la explotación de otros mercados ilegales pautados por el control territorial. Al contrario del discurso fundador de las milicias de combate al tráfico, esos grupos se revirtieron en grandes agenciadores de esa actividad criminal en el estado de Río de Janeiro.
Lo que está en juego en esas elecciones es un proceso de profundización de las contradicciones de nuestra democracia desde el campo de la seguridad pública. Son muchos los aspectos de la retórica bolsonarista que apuntan hacia una postura autoritaria. Hay dos dimensiones de su discursivo autoritario que parecen ser prioritarios en su agenda y por lo tanto hacia los que tenemos que volver nuestra atención: la propuesta de armar a la población y la de considerar todas las muertes perpetradas por policías en servicio por el dispositivo del excluyente de ilicitud, es decir, como legítima defensa.
Debemos preguntarnos: ¿por qué armar a la población? Al contrario de lo que el candidato alega en sus discursos, el interés concreto de esta propuesta debe ser considerado en vista de sus posibles resultados. Esta flexibilización del acceso de la población civil a armamentos facilitará que los grupos para-militares se armen, sin depender de una sociedad con policías y militares corruptos. No es el ‘ciudadano de bien’ que accede a ese arsenal, serán los grupos ilegales que ya actúan de modo clandestino y mafioso –con participación de agentes estatales– que ampliarán su poder letal. Este movimiento, además de ampliar el control sobre las clases vistas como enemigas, aún calienta la industria armamentista que ya ha organizado ferias de negocios en Brasil, particularmente en Río de Janeiro, de ojo en ese mercado.
La aprobación de un cambio en el código penal que considere cualquier muerte provocada por policías por el excluyente de ilicitud, o sea, por legítima defensa, representa la exacerbación de la muerte como mecanismo de control. En la práctica, esa propuesta, representará una legalización de las milicias, porque será sólo una cuestión de interpretación de la ley para que cualquier persona que mate a un supuesto traficante sea considerada inocente, más aún, un justiciero. Por otro lado, representará una transformación del policía en milicia. El trabajo policial se reducirá al exterminio, sin mediaciones.
La emergencia del candidato Wilson Witzel con posibilidades de victoria para el gobierno de Río de Janeiro puede hacer que ese estado se convierta en la capital política del régimen bolsonarista. El candidato al gobierno estatal, a pesar de haber negado la necesidad de que se cambie el código penal, reafirma la lógica de que es necesario que se dé ‘seguridad jurídica’ para que el policía mate. Witzel defendió, además, que desea extinguir la Secretaría de Estado de Seguridad Pública, lo que en la práctica resulta en el hecho de que ellas tendrán total autonomía, respondiendo solamente al gobernador. Los mecanismos de control institucional, que ya funcionan precariamente, serían desmantelados, si esta propuesta avanza.
El bolsonarismo no necesita aprobar todo su paquete de reducción del pueblo a la condición de súbditos de una sola vez. Sólo necesita aprobar un cambio del Código Penal, con la garantía del excluyente de ilicitud en operaciones policiales, para que toda su máquina autoritaria esté de pie.
El horizonte es el régimen filipino, en el que Rodrigo Duterte, comanda un autoritarismo pautado por la represión de las clases populares sobre el pretexto del combate a las drogas: un exterminio que se mueve bajo el mecanismo jurídico de la legítima defensa y de la protección de la «población de bien» contra el crimen asociado al mercado de armas y drogas como el enemigo público número uno. Todo ello sintetizado en los linajes del autoritarismo brasileño que se expresan simbólicamente y políticamente en el militarismo.
Andrés del Río Roldán es politólogo, reside en Río de Janeiro.
Profesor de Ciencia Política en la Universidad Federal Fluminense. Doctor en Ciencia Política IESP-UERJ.
André Rodrigues es politólogo, reside en Río de Janeiro.
Profesor de Ciencia Política en la Universidad Federal Fluminense. Doctor en Ciencia Política IESP-UERJ.
Licio Caetano do Rego Monteiro es professor de Geografía, reside en Río de Janeiro.
Profesor de Geografía Humana en la Universidad Federal Fluminense. Doctor en Geografía, Universidad Federal de Río de Janeiro.
Notas bibliográficas:
1 https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/08/01/Qual-o-peso-dos-militares-na-campanha-eleitoral-de-2018
2 https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/09/04/Os-tu%C3%ADtes-do-comandante-do-Ex%C3%A9rcito-leis-seguran%C3%A7a-e-politicamente-correto
3 https://jornalggn.com.br/noticia/vivemos-a-ditadura-do-politicamente-correto-diz-comandante-do-exercito
4 https://www.cartacapital.com.br/politica/antes-de-julgamento-de-lula-villas-boas-afirma-repudiar-impunidade
5 https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/08/01/Qual-o-peso-dos-militares-na-campanha-eleitoral-de-2018
6 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/07/bolsonaro-quer-aumentar-numero-de-ministros-do-supremo.shtml
7 https://epoca.globo.com/o-general-assessor-de-toffoli-que-faz-pontes-entre-stf-a-caserna-23168326
8 https://oglobo.globo.com/brasil/em-video-filho-de-bolsonaro-diz-que-basta-um-soldado-um-cabo-para-fechar-stf-23173802
9 https://epoca.globo.com/mourao-bolsonaro-questionam-processo-eleitoral-usam-medo-na-campanha-23089196
10 https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2018/09/casa-de-mae-solteira-e-fabrica-de-desajustados-diz-mourao.html
11 https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/10/06/mourao-cita-branqueamento-da-raca-ao-falar-que-seu-neto-e-bonito.htm
12 https://piaui.folha.uol.com.br/nem-bolsonaro-nem-politicamente-correto-seguram-mourao/
13 https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/28/politica/1538156620_841871.html
14 https://www.huffpostbrasil.com/2018/09/17/declaracao-de-bolsonaro-sobre-fraude-em-urnas-e-desinformacao-diz-procurador_a_23530251/
15 https://www.huffpostbrasil.com/2018/07/31/a-participacao-de-bolsonaro-no-roda-viva-em-9-pontos_a_23492716/
16 https://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/brasil/2018/10/08/mais-de-70-candidatos-com-patente-militar-foram-eleitos-em-todo-o-pais.htm
17 Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) es una fuerza de operaciones especiales de la Polícia Militar del Estado de Rio de Janeiro (PMERJ)