Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada.

   Rodolfo Walsh¹

 

1. Introducción

El nacimiento de Argentina como país soberano estuvo imbuido de las ideas liberales, constituían en esos años las más progresistas que venían de Europa, sin una mirada hacia el territorio propio donde los pueblos originarios, a pesar de los genocidios, habitan desde hace muchos milenios. Sin embargo, aún hoy los liberales sueñan con la vuelta a esas políticas que suponen un período de ‘oro’. “Y después de proclamada la Constitución liberal de 1853 y reforzado ese ideario con las contribuciones de la generación del ‘80 (denominada así a partir de la primera presidencia de Roca), la Argentina se convirtió en uno de los países más prósperos del planeta. Competía con Estados Unidos y en niveles muy superiores a Suiza, Alemania, Francia, Italia y España, de donde provenían las abundantes corrientes migratorias atraídas por los muy jugosos salarios y condiciones de vida argentinas.”²

Sin embargo, los padres del liberalismo advertían sobre las desviaciones de los partidarios de esas ideas: “Los liberales argentinos son amantes platónicos de una deidad que no han visto ni conocen. Ser libre, para ellos, no consiste en gobernarse a sí mismos sino en gobernar a los otros. La posesión del gobierno: he ahí toda su libertad. El monopolio del gobierno: he ahí todo su liberalismo. El liberalismo como hábito de respetar el disentimiento de los otros es algo que no cabe en la cabeza de un liberal argentino. El disidente es enemigo; la disidencia de opinión es guerra, hostilidad, que autoriza la represión y la muerte”³.

Desde las últimas décadas del siglo XIX y hasta 1930 Argentina vivió unos de los períodos de crecimiento económico centralizado, en el marco de su incorporación al mercado mundial como economía proveedora de materias primas de origen agropecuario. En esos años la creciente necesidad de mano de obra de la economía fue cubierta en cierta medida con la llegada de inmigrantes, en un contexto internacional en el que se observaban grandes oleadas migratorias interoceánicas hacia los países del llamado Nuevo Mundo. Esas masas trabajadoras aquí percibían un salario un 30% menor  a lo que por la misma época cobraban los trabajadores en Australia y tan solo un 48% de los salarios de Estados Unidos⁴.

Otros autores  liberales describieron esta etapa de mayor pobreza de la población: “En las cumbres del Famatina he visto al peón cargado con 60 y más kilogramos deslizarse por las galerías de las minas, corriendo riesgos de todo género, en una atmósfera de la mitad de la presión normal; he visto en la ciudad de la Rioja al obrero, ganando sólo 80 centavos, metido en la zanja estrecha de una cañería de aguas corrientes, aguantando en sus espaldas un calor de 57º, a las dos de la tarde .”⁵

Los supuestos intelectuales liberales ignoran los crecimientos del producto bruto per cápita durante el gobierno peronista  en especial de 1945 a 1949⁶. Y durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner que siempre tuvieron tasa de crecimiento positivo del producto bruto interno⁷. Crecimientos  que se lograron con mayor igualdad social.

Tengamos en cuenta que durante ese período se establecieron importantes políticas de ingresos basadas en aumentos anuales del salario mínimo en términos reales, el impulso a los convenios colectivos de trabajo, el aumento y la extensión de las jubilaciones mínimas y los acuerdos de precios para limitar la inflación. Estas medidas mostraron un efecto positivo, redujeron la pobreza y la indigencia entre 2002 y 2007, del 57.5 al 21% y del 27.5 al 7.5%, respectivamente, en un contexto de fuerte descenso de la desocupación del 23.5 al 7.2% y de la desigualdad, el coeficiente de Gini⁸ pasó del 0.537 en 2003 al 0.485 en 2006. Aun así no se logró modificar la estructura de la distribución disfuncional del ingreso y permaneció un alto índice de informalidad laboral⁹.

Si analizamos la historia podemos observar que ‒desde 1853 con su nacimiento constitucional y  luego de un período de luchas internas que siguieron a la guerra por la independencia‒ existieron desde el inicio el choque entre las ideas del libre comercio y las políticas más proteccionistas.  En pocas etapas se impusieron estas últimas porque el Puerto de Buenos Aires  siempre lo impide.

Esas imposiciones liberales prevalecieron en el siglo XX con una pequeña excepción muy tibia en los gobiernos de Yrigoyen y más cuestionadas en los del peronismo.  La ideología liberal se consolidó durante las dictaduras militares que se iniciaron en 1930. En el golpe de 1955, con un decreto de la autodenominada ‘Revolución Libertadora’ se derogó la constitución de 1949. De un plumazo violento quedó destrozada  la pirámide jurídica  que todo ordenamiento legal de un país debe mantener como pilar de su seguridad (inclusive, según los mismos liberales). En las dictaduras de 1966 y de 1976 ‒que legislaron sin Congreso‒ a través de los llamados decreto-leyes dejaron las bases para la consolidación de las políticas liberales en la Argentina, tan difíciles de erradicar.

Resultó complicado a los mandatos de Juan Perón y luego del matrimonio Kirchner modificar el enmarañado tejido de leyes heredados de esos desgobiernos.  Muchas de esas reformas fracasaron saboteadas por sus destinatarios, a lo mejor influidos por los medios de comunicación concentrados.

Las políticas llevadas a cabo por el gobierno de Mauricio Macri¹⁰ profundizaron las implementadas en los gobiernos de Carlos Menem¹¹. Las salidas de ambos períodos culminaron en crisis (2001) o como  la actual agravada por la pandemia. Las metas de reducción del gasto público para lograr el déficit cero y las de devaluación de la moneda para reducir el consumo y con ello la inflación condujeron a los cracks¹² archiconocidos.

 

2. La verdadera pesada herencia

El neoliberalismo consiste en una doctrina que publicita promover el desarrollo humano y asegurar la vigencia de los valores democráticos. Desarrollo y valores dirigidos a permitir que el mercado regule el grueso de las relaciones sociales. Existe desde el inicio un vínculo indisoluble entre lo teórico con la práctica del liberalismo y su imperativo de políticas que pretenden imponer la reforma del Estado para achicarlo¹³. Enseña Sousa Santos que durante los mediados de la década del ‘70 los promotores de la doctrina liberal entendieron que la única posible solución a la crisis de los países centrales consistía en la erradicación de la estructura estatal de post-guerra (estado bienestar) y la implementación de un modelo basado en tres estrategias: ‘Privatización, liberalización y marketización’.

Los organismos multilaterales de crédito fueron una pieza fundamental para la difusión de este modelo. Al comenzar la década del ‘80 se constituyeron en la puerta de entrada al mercado financiero internacional. Todo gobierno de un Estado endeudado que pretendiese renegociar su deuda debía como requisito previo firmar un acuerdo con el FMI. Argentina empezó este año 2020 con una deuda de 332.000 millones de dólares. Incluye préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y 148.000 millones debidos a obligacionistas privados. Las agencias de calificación bajaron la calificación de la deuda argentina a causa de la decisión del nuevo gobierno de Alberto Fernández de retrasar el pago de 9.100 millones de dólares de cuentas de la tesorería. Constituye un impago técnico ‒un distressed-debt exchange‒ según los criterios de Fitch Ratings. 64.000 millones más se van a deber en 2021¹⁴. Tan grande endeudamiento se pudo concretar porque las legislaciones vigentes se promulgaron tanto durante los gobiernos dictatoriales como en los gobiernos democráticos neoliberales.

 

3. Neoliberalismo y Legislación

Entre 1973 y 1976 (parece que ocurrió en una pre-historia)  había regido el sistema de nacionalización de depósitos: las entidades los captaban por cuenta y orden del Banco Central que libraba líneas de redescuento para colocar tales fondos en actividades/segmentos de empresas específicas con tasas y condiciones especiales.

En 1977 el ministro de Economía de la dictadura¹⁵ José Alfredo Martínez de Hoz argumentó a favor de la reforma: «Esto es un cambio de estructura de las instituciones financieras argentinas, una pequeña revolución que va mucho más lejos de lo que la gente ve. Los vamos a cambiar a todos y a cambiar la mentalidad, que es lo importante». Para Martín Schorr¹⁶ eso implicó «la retirada del Estado con una intervención efectiva del crédito» que no apuntalaba «el desarrollo productivo, sino el negocio financiero».

La ley 21.526 que permitió esas reformas  ‒promulgada por el dictador  General Jorge Rafael Videla y su ministro de economía José Alfredo Martínez de Hoz‒ lamentablemente después de 37 años de democracia,  se encuentra vigente con algunas modificaciones realizadas en el gobierno de Carlos Menem¹⁷ por  el decreto 146/94 en cuyos considerandos expresa: “Que por otro lado es conveniente eliminar todas las restricciones discriminatorias al acceso y desarrollo de las entidades regidas por la Ley N° 21.526 ya sean éstas de origen nacional o extranjeras.”

Desde su sanción la ley 21.526 sufrió 70 modificaciones aunque sus lineamientos siguen vigentes. Arelovich considera que en «el capitalismo argentino realmente existente es inimaginable sin el sistema financiero que creó la dictadura y profundizó el neoliberalismo de los noventa». En este marco, evalúa «los ensayos contenidos en los proyectos truncados en la Legislatura nacional y la reforma de la carta orgánica (del BCRA) durante el gobierno de Cristina Fernández fueron buenas iniciativas pero insuficientes para deconstruir la estructura heredada»¹⁸.

Las reformas del Estado llevadas a cabo a partir de los programas diseñados por el FMI se dirigieron a liberalizar el sistema financiero al procurar su integración al mercado internacional. A través de los distintos programas se pretendió: 1) dejar librada la fluctuación de la tasa de interés para permitir que el caudal de créditos o depósitos bancarios queden expuestas a la oferta y la demanda; 2) reducir al máximo la intervención estatal; 3) privatizar las entidades financieras de carácter público; 4) fomentar la instalación de bancos transnacionales; 5) otorgar mayores funciones y competencias a la banca privada entre las que se destaca la posibilidad de ingresar y egresar divisas del mercado interno y operar sin trabas en bolsas y compra-venta de moneda extranjera; 6) reformar las cartas orgánicas del Banco Central en función del régimen monetario-cambiario establecido con la intención de otorgarle mayor autonomía respecto del poder político. Observemos las reformas neoliberales que se aplicaron en Argentina en 1977 en el sistema financiero¹⁹ cuando se  descentralizó,  desregularizó  y  liberalizó  con  el  supuesto objetivo  de  integrar  el  mercado  local   al  internacional  en  el  marco  de  un  excedente  de  recursos  líquidos provenientes de la  crisis del  petróleo de  1973²⁰ Vigentes aún hoy permitieron la fuga de divisas²¹.

Los depósitos en el exterior, bonos y acciones de sociedades y propiedades fuera del sistema del país ascienden a U$S 244.826 millones²². El blanqueo²³ por una cifra récord de U$S 116.800 no sólo no modificó las tenencias de los argentinos fuera del sistema y del país sino que aumentó la salida de capitales.  Según el informe del Banco Central presentado en mayo de 2020 se pudo comprobar que: Entre 2015 y 2019 superó los US$ 86.000 millones y más de la mitad de ese dinero se concentró en el 1% de las empresas y personas humanas que compraron dólares en ese período. Puntualmente, el 1% de las empresas que resultaron compradoras netas de dólares adquirió US$ 41.124 millones en concepto de formación de activos externos y, en el caso de las personas humanas, tan sólo el 1% de los compradores acumuló US$ 16.200 millones en compras netas durante el período, un total combinado de US$ 57.324 millones. Agrega: «El incremento de la formación de activos en el exterior de los residentes fue el resultado de un profundo cambio de paradigma impuesto por la política cambiaria, monetaria y de endeudamiento tendientes a una desregulación de los mercados que impulsó el gobierno de Mauricio Macri». “La sumatoria de estas medidas provocó una grave crisis que afectó a la economía del país y que se tradujo en menor crecimiento e inversión, mayor desempleo y un deterioro en la distribución del ingreso». Y más adelante: «Con la reversión de los flujos de capitales a principios de 2018, las autoridades decidieron recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI), que desembolsó un préstamo récord de US$ 44.500 millones», lo que no impidió que esta etapa se acelerara la salida de capitales y, a partir de mayo de 2018, alcanzara los US$ 45.100 millones”.

Otras  medidas que se impusieron sobre todo en la década del ‘90 fueron las reformas fiscales y tributarias. Luego de la crisis del Tequila²⁴se volvió a aumentar la alícuota del IVA²⁵. En 1998 se dispuso una nueva reforma tributaria integral que aumentó los impuestos coparticipados, compensó al gobierno federal por el ingreso cedido  asignarle una deducción fija de hasta 2.154 millones de peso por año de la recaudación hasta fines del año 2000. Redujo más las contribuciones patronales a la seguridad social a cambio de un aumento a los impuestos vigentes, amplió la base del régimen del impuesto a las ganancias, creó nuevos tributos sobre los pagos de intereses y a los activos brutos de las empresas y estableció un régimen de monotributo que cambió las obligaciones tributarias por la actividad comercial de las PYME y trabajadores autónomos.  La reducción de contribuciones patronales²⁶ ‒mal llamada ‘devaluación fiscal’ que pretendió compensar los efectos económicos perversos de la rigidez cambiaria‒ no significó una mayor contratación de mano de obra sino que acrecentó las ganancias del sector empresario.²⁷ Por tal rebaja el Estado dejó de recaudar 47.939 millones de pesos  en ese año.  De ese total, en 2005 más de la mitad correspondía al sistema jubilatorio, el resto se repartía entre asignaciones familiares, Fondo Nacional de Empleo, PAMI y Obras Sociales, según datos de la Secretaría de Seguridad Social²⁸

Todas estas reformas se implementaron aún a pesar de la vigencia de la Constitución de 1994²⁹ que había prescripto la necesidad de sancionar una nueva ley de coparticipación federal de impuestos que hasta la fecha nunca se cumplimentó. Las relaciones fiscales entre el gobierno federal y los gobiernos provinciales se fijaron de manera parcial y provisoria a través de sucesivos pactos fiscales. Destaco que el pacto fiscal de Córdoba³⁰ (financiado por préstamos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo) se encargó de imponer el neoliberalismo en los municipios y comunas del territorio.

El artículo 46 de la ley de emergencia económica Nº 23.697 autorizó al Poder Ejecutivo a disponer la baja del sector público designado sin concursos que se ubican en las dos categorías máximas del escalafón vigente y el artículo 45 estableció para las políticas salariales que debían excluirse la fórmula indexatorias de los futuros reajustes salariales. La flexibilización y desregulación del mercado laboral se realizó con dos normas que introdujeron las modificaciones solicitas por el FMI. La ley 25013 y 25250. Estas prolongaron los períodos de prueba de los nuevos empleados, limitaron la prórroga automática de los convenios colectivos de trabajo y descentralizaron las negociaciones colectivas.

Otra política neoliberal consistió en la privatización de las empresas de servicios públicos (energía, transporte, comunicación etc.). La ley 23696 declaró el estado de emergencia de esas prestaciones. El artículo 6 autorizó a disponer “por acto fundado a la creación de nuevas empresas sobre la base de la escisión, fusión, extinción o transformación de las existentes”.

Durante los primeros años de Carlos Menem el proceso privatizador adquirió carácter vertiginoso. Se privatizó Ferrocarriles Argentinos, Subterráneos de Buenos Aires, los corredores viales y de acceso, los Puertos de Buenos Aires y Rosario, la empresa eléctrica Segba, la empresa Gas del Estado, Y.P.F., los canales de televisión 11, 13 y varias radios, etc.

Uno de los costados más negativos de la vertiginosidad de este proceso fue el de los mal llamados “errores de la privatización argentina” que derivan en lo que se conoce como ‘las ganancias extraordinarias de las empresas privatizadas’: a) licitaciones sin saneamiento y reestructuración previa de las empresas. Y en las que se hicieron como por ejemplo en Ferrocarriles Argentinos se creó una empresa estatal llamada FERROCARRILES METROPOLITANOS SOCIEDAD ANÓNIMA (FEMESA), que despidió cientos de trabajadores y los terrenos no utilizados fueran administrados por un ente el  ENTE NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES FERROVIARIOS (ENABIEF); b) Se permitió la formación de monopolios y oligopolios como las empresas de energía eléctrica (Edenor, Edesur, Edea, Edelap) a cada empresa se le asignó un territorio determinado con un número cautivo de usuarios; c) el establecimiento de actualizaciones periódicas en moneda y bajo indicadores extranjeros; d) fijación de exenciones tributarias, subsidios y reducción de los precios de las materias primas por debajo del coste de oportunidad; e) el retraso en la conformación de los Entes reguladores y luego con la participación de los ceos de las empresas en los cargos directivos de los Entes Reguladores.

En el período neoliberal de Macri el aumento de las tarifas de los servicios públicos³¹ alcanzó cifras siderales. Se pudieron hacer porque el proceso privatizador de Menem dejó las normas y adendas que lo permitían. Las subas de las tarifas llegaron a acumular más de 3500% desde el 2016 al 2019. El informe de la Universidad de Avellaneda  verificó que desde inicios de 2016 los incrementos acumulados promedio fueron del 3.624% en energía eléctrica, de 2.401% en gas natural, y de 1.025% en agua potable de red. En transporte, por su parte, se registraron aumentos del 1.118% en peajes, 601% en el boleto del tren, 494% en colectivos de corta distancia y un 322% en subtes, para el acumulado trianual.

El 23 de Septiembre de 1993 se aprobó la ley 24.241 que dispuso la privatización parcial del Sistema integrado de Jubilaciones y Pensiones. Dispuso que en adelante este régimen se desdoblara en dos sectores: uno público en manos del Estado Nacional-Provincial y otro privado a cargo de las Administradoras de los Fondos de Jubilación y Pensión AFJP. Eduardo Basualdo estima que entre 1993 y el año 2000 se traspasaron a las AFJP 22.372 millones de dólares en concepto jubilatorio, recursos genuinos del Estado Argentino.

A pesar de tanta hegemonía neoliberal durante algunos gobiernos populares se pudo hacer retroceder un poco los avances estructurales impuestos por los gobiernos de Videla y Menem.  La ley 26425 promulgada el 4 de diciembre de 2008 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner permitió regresar al sistema de reparto público y solidario  de las jubilaciones, una de las conquistas más arraigadas en nuestra sociedad. Las disposiciones reglamentarias establecieron que el total de los fondos administrados por las AFJP se traspasen al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS).

 

4. Neoliberalismo y Poder Judicial

La organización del Poder Judicial en la actualidad se rige por el decreto 1285/58 en cuyos considerandos dice: “Que al restablecer la Revolución Libertadora la vigencia de la Constitución Nacional de 1853 y sus reformas de 1860, 1866 y 1898, ratificada por la Convención Nacional Constituyente, no pueden seguir en vigencia las leyes que no se adapten a dicho texto constitucional. Que corresponde, por tanto, adecuar la competencia propia de la Corte Suprema y demás tribunales de la Nación en concordancia con la Constitución vigente”.

Los ciudadanos argentinos tienen una imagen muy negativa del Poder Judicial.  Recientes encuestas arrojaron los siguientes resultados: para un 78% de los encuestados es ‘algo’ o ‘muy negativa’ según la consultora Opina Argentina. Por su parte, Managment & Fit evaluó el nivel de confianza. Las respuestas marcaron lo siguiente: un 82,1% ‘poco’ y ‘nada’ de confianza en la Justicia. «Son culpables de las principales cosas que pasan en la Argentina. Principalmente, siendo garantes de la impunidad», contestan muchos de los encuestados.

El director de Poder Ciudadano considera que hay que trabajar en una Justicia más ágil y cercana a los ciudadanos: “que tiene que haber una gran discusión sobre el Consejo de la Magistratura. «Hoy está politizado y no cumple su función. Es un arma del poder de turno». Marcelo Giullitti³² señala que los problemas que afectan al Poder Judicial se traducen en una mala imagen. Remarca “(…) la falta de independencia del Poder Judicial del poder político y la falta de transparencia en los procesos de selección de los jueces. Es un poder del Estado que se muestra ineficiente en general, lento y burocrático, con un acceso caro e imposibilitante»³³. Nadie puede negar la necesidad de una reforma de lo que se conoce como Justicia, el Poder Judicial atrasa casi un siglo a las necesidades actuales.

Ha habido distintos proyectos de reforma, los últimos tiempos de auge de la hegemonía neoliberal han estado impregnados por esos planes. Los enfoques contemporáneos sobre el sistema judicial que pueden ser calificados como neoliberales resultan del encuentro de tres tipos de reflexiones relativamente independientes: en primer lugar los análisis filosóficos de orientación liberal individualista, de autores como Hayek (1973) y Nozick (1988). Critican al constitucionalismo social, porque ampara demasiados derechos desde el Estado y sólo reconocen los derechos individuales clásicos de libertad e intimidad. Se agrega los derechos a la salud y a la educación. Estos últimos conviven con sistemas públicos y privados, aunque los neoliberales fomentan los privados.

En segundo lugar,  las críticas económicas de explícita tendencia neoliberal de un autor como Milton Friedman, quien afirma que el Estado benefactor es insostenible porque genera un gasto público desorbitante y que los servicios públicos que brindan son de mala calidad.

En tercer lugar las perspectivas neoinstitucionales de North (1990), quien propone una reforma judicial neoliberal que garantice las transacciones y la propiedad privada.

Cobra importancia la seguridad jurídica para garantizar las ganancias de los inversores y en consecuencia todo el sistema judicial debe ser eficaz, con una jurisprudencia que proteja la propiedad privada y el cumplimiento de los contratos3⁴. También insisten en que, dado que las instituciones crean incentivos para los agentes económicos, resulta indispensable establecer arreglos institucionales que favorezcan el desarrollo económico y reformar aquéllos que lo obstaculizan.

Vale anotar que desde un principio y a lo largo de las trayectorias históricas que muestra el proceso argentino –en conjunción con la poderosa influencia de los organismos multilaterales³⁵– diferentes actores nacionales no gubernamentales emergen como importadores (operadores y traductores). Lo hacen con marcos ideológicos y prescripciones sobre políticas  judiciales foráneas. Intentan concretar no sólo reconfiguraciones funcionales para el sector judicial propuestas por las reformas neoliberales sino también articular intereses domésticos. Sin embargo, el énfasis creciente en torno a la reforma judicial se acentuó a partir del ciclo de Segunda Generación de Reformas desde principios de la década del ‘90, que permanece hasta el presente. El Banco Mundial ha considerado pionera a la experiencia Argentina.

Los procesos de reforma han llevado hacia la concepción de una justicia en función del mercado para generar condiciones institucionales que favorezcan lógicas mercantiles (inversiones) y no el acceso en general y las garantías de justicia a la mayoría de la población. El énfasis se coloca en profundizar el modelo del gobierno de la ley y la racionalización en la resolución de disputas jurídicas. Por ejemplo, mediante la creciente privatización de los mecanismos judiciales a través de la resolución y mediación alternativas de las controversias. Usan este servicio público con una participación creciente y preponderante de actores privados y emprendimientos judiciales, actores públicos no estatales³⁶.

No se cuestiona que algunas controversias entre particulares puedan ser resueltas por medios alternativos de solución de conflictos en forma rápida. Sí se cuestiona que se cae en una justicia de primera y otra de segunda. Las grandes empresas recurren a los tribunales arbitrales³⁷ y otros deben esperar respuestas por largos años.

Un caso ilustrativo sobre los proyectos de reforma judicial lo constituye el Proyecto de Juzgado Modelo (PROJUM) introducido en Argentina para distintos proyectos piloto (en doce juzgados) desde 1998³⁸ auspiciado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. El PROJUM ha pretendido instalar un ‘nuevo’ modelo de organización y gestión interna de los juzgados con el objetivo de “mejorar niveles de efectividad, entre ellas, la separación de las funciones administrativas de las estrictamente jurisdiccionales dentro del Juzgado y donde la “responsabilidad operacional” encargada a managers profesionales. Si se quiere, se trata de la separación entre la administración del juzgado y la de los casos. Esta propuesta forma parte de la llamada modernización de la justicia adelantada por el Banco Mundial y resulta ser el correlato de la reforma, retoma la reestructuración de la rama judicial en las dimensiones institucional y pedagógica.

Estos proyectos se han desarrollado en un marco más teórico que práctico y han tenido cierto resultado en la Justicia Civil. Sería necio no reconocer que los pequeños conflictos de carácter comunitario encuentran soluciones rápidas con la práctica de la Mediación y la Conciliación. Se prefiere un mal arreglo a un buen juicio, como dice un refrán.

En la Justicia penal y sobre todo la Federal no podemos decir que se haya respetado el principio de la independencia del Poder Judicial. El Fuero Federal Penal se ha visto influido por los servicios de inteligencia  del Estado y por el poder político oficialista. Se ha hecho una práctica común de la desviación de las investigaciones, del armado de causas y de sentencias que ocupan los primeros puestos  de las  doctrinas del ridículo.

La pandemia ha puesto de relieve los males que llevan muchos años: un procedimiento lento, burocrático, sin informatizar y de difícil acceso a los sectores más vulnerables. Edificios obsoletos que no se ajustan a procedimientos modernos, trabajadores judiciales que realizan sus tareas en condiciones de insalubridad y sin los soportes técnicos, atiborrados de expedientes (que aún se cosen a mano). La mayoría de los jueces y funcionarios judiciales tienen una mirada aristocrática y muy apurada para congraciarse con el gobierno de turno y/o con las clases dominantes. No ha podido considerarse actividad esencial la administración de justicia durante el aislamiento obligatorio y preventivo porque los expedientes no están informatizados en su totalidad. Durante la cuarentena el sistema informático que ha implementado la Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede dar respuesta a la cantidad de trámites que cada expediente requiere. Los edificios inadecuados ponen en peligro a los trabajadores y al público pues no se puede respetar el aislamiento preventivo que requiere funcionar sin riesgo a contagiarse de Covid19.

 

5. Hay males que duran más de cien años

Doscientos años de liberalismo con pocos intervalos de Constitucionalismo social han dejado una estructura jurídica brevemente descripta en los puntos anteriores.

Las dictaduras de 1955, de 1966, de 1976 y los gobiernos democráticos de Menem y Macri insertaron en el país un paquete de leyes que rige nuestras vidas.

Nos ha costado mucha sangre: 30.000 desaparecidos y presos políticos durante la última dictadura, exiliados políticos y económicos, mantener algunos derechos sociales. No obstante ésta historia no ha sido reconocida por el conjunto de la sociedad. El último gobierno neoliberal de Macri obtuvo el poder con un 51% del electorado y en la elección de 2019, alcanzó un 40% en el ballotage.

En nuestra Constitución de 1994, nuestros derechos ‒aunque se declaran rotulables dentro de la corriente del constitucionalismo social‒ como no son operativos hasta que las leyes no reglamenten su ejercicio, se convierten en lindos enunciados que no llegan a sus destinatarios  porque esas leyes nunca se dictan o sus reglamentaciones las convierten en utopías.

El ejemplo más concreto se ve en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional:  “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial (…)  el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna”.

Se originó en la reforma de 1957 que agregó el artículo 14 bis de la Constitución de 1853 y se inspiró en la Constitución de 1949. Muchos de los derechos que consagra nunca se han reglamentado³⁹ Otros derechos se han visto amenazados por las políticas neoliberales con  reformas legislativas que dejaron de proteger al trabajo y desfinanciaron presupuestos de  programas sociales.

La llamada flexibilización laboral ‒si bien tiende a  capacitar para las nuevas tecnologías, la promoción del emprendimiento individual, los cambios en las modalidades del trabajo‒ apunta a consolidar un proceso de transformación de los sentidos y la temporalidad del trabajo. Construye un sujeto sin derechos laborales que debe gestionar su propia vida, generar su propio trabajo, ligado a formas de auto-explotación, deslocalizado y flexible en función del mercado. A esto último se suma la reforma en el sistema de seguridad social ya implementada en Argentina⁴⁰.

R.C. Longworth, corresponsal del Chicago Tribune afirma “la lucha entre la democracia y el capitalismo está en el corazón del actual debate sobre la economía global”. Se habla de una cuarta revolución industrial anclada en la fabricación digital y, en términos más específicos, en la fabricación aditiva (impresoras 3D), la robótica avanzada, la inteligencia artificial, la Internet de las cosas, las computadoras cuánticas que cuentan con importantes desarrollos en grandes corporaciones (automotrices como General Motors, Ford, Volkswagen, Toyota). Existen estudios que sostienen una discusión respecto a la paulatina destrucción de empleos vinculados a trabajos poco calificados (Sachs y Kotlikoff 2012; Freeman 2015). Asimismo, estudios que aunque reconocen la inminente profundización de la desigualdad social y económica de la cuarta revolución industrial, sostienen una visión optimista y adaptativa respecto del trabajo y los procesos de trabajo, la reducción de los costos de producción y la innovación constante (Rifkin 2014; Schwab 2017; Levy Yeyati 2018). La fabricación digital también intenta colonizar los micro-emprendimientos enmarcados en la “economía social y solidaria” y el sujeto-emprendedor.  Dicho avance se enmarca en una tendencia mundial, aún muy incipiente, denominada sistema de fabricación distribuida⁴¹. Las primeras prioridades de lo que estamos tratando de hacer», resume Schmidt⁴² “se centran en telesalud, aprendizaje remoto y banda ancha… Necesitamos buscar soluciones que se puedan presentar ahora y acelerar la utilización de la tecnología para mejorar las cosas”.

Desde hace algunos años se expandió la idea de que la nueva lucha económica mundial se concentraba en la Inteligencia Artificial. Había dos ideas implícitas. La primera: la Inteligencia Artificial abarca el horizonte económico ineluctable. La otra, que ofrece un montón de soluciones a muchísimos problemas individuales y colectivos. Esta idea se convirtió, entre 2015 y 2020, en la nueva doxa mundial que pareciera preciso respaldar de forma masiva⁴³.

Cuna de las tecnologías digitales (Google, Apple, Facebook, Uber, Netflix), Silicon Valley encarna el insolente triunfo industrial. Esta tierra de buscadores de oro se ha convertido en el centro de desarrollo del aparato militar y de la informática, sede de un frenesí innovador que declara obrar por el bien de la humanidad, define nuestras existencias con finalidades privadas. Silicon Valley no remite solo a un territorio. Es también y antes que nada, un espíritu en vías de colonizar el mundo. Una colonización de un nuevo tipo llevada adelante por numerosos misioneros (industriales, universidades, think tanks) y por una clase política que incentiva la edificación de valleys en los cinco continentes bajo la forma de ecosistemas digitales y de incubadoras de empresas start-up^44/45.

La pandemia ha acelerado el proceso, las clases de los estudiantes se concretan en forma remota, los primeros diagnósticos de medicina se hacen por video llamadas,  se amplían los horarios de trabajo porque se realizan desde los hogares por distintas aplicaciones, incluso muchos de los trabajadores ponen sus herramientas para realizar las labores (computadoras, audífonos, micrófonos, internet, etc.) y no solo venden su fuerza de trabajo sino que también ponen a disposición de sus empleadores los medios de producción. Un futuro en el que nuestros hogares nunca más serán espacios personales sino también, a través de la conectividad digital de alta velocidad, escuelas, consultorios médicos, gimnasios y, si el estado lo determina, las cárceles. Para muchos de nosotros nuestras casas ya se convirtieron en lugares laborales sin horarios de descanso y en espacios de entretenimiento antes de la pandemia. El encarcelamiento de vigilancia en la comunidad está en auge. En el futuro, bajo una construcción apresurada, todas estas tendencias están preparadas para una aceleración de velocidad warp4⁶.

Si observamos que la población argentina activa (15 a 64 años) suma unas 28 millones de personas, el 45% padece problemas de inserción al mercado laboral. El sector público (fuerzas de seguridad, educación, salud y administraciones federal y provincial) tiene un 91% de formalidad de acuerdo a los descuentos jubilatorios y sólo el 59% de los privados tienen tales descuentos.

Según surge de los registros del ATP (Asistencia de Emergencial Trabajo y la Producción), en este primer mes de vigencia del programa resultaron beneficiados 2,3 millones de asalariados, entre ellos 1,7 millones trabajan en empresas de hasta 200 empleados. Así, un 74% del total de las compañías que recibieron ayuda. Estas empresas recibieron el 70% del monto total que el Estado invirtió en la ATP. Se agrega que la informalidad del mercado laboral ha hecho que de esa población activa, 11 millones doscientos mil  se anotaron para percibir el Ingreso Familiar de Emergencia que el gobierno de Alberto Fernández implementó por decreto de necesidad y urgencia durante la cuarentena.

El gobierno de Alberto Fernández implementó programas de asistencia durante la pandemia sin modificar aún la estructura de los sectores privilegiados, quienes hicieron una expropiación  de los recursos del Estado, como hemos visto.

La realidad de nuestro país muestra dos Argentinas: un sector minoritario adueñado del Estado,  que se incorpora al mercado mundial con las nuevas tecnologías, el sector modernizado de la agricultura y otro que queda fuera del sistema angustiado por la pobreza y la marginalidad, al amparo de programas sociales cada vez más débiles. La pandemia como una lupa ha amplificado esta verdadera grieta.

El concepto de justicia como virtud⁴⁷ nada tiene que ver con el neoliberalismo, muchos menos con la justicia distributiva de la que la justicia social forma parte.  Hemos visto como a través de las leyes o de los decretos que la reglamentan se puede conculcar derechos y como las clases dominantes perpetúan sus privilegios.

Toda estructura social se caracteriza por una matriz específica, por un tipo de articulación de las diversas instancias y niveles que dependen del modo particular que reviste ahí el predominio de lo económico. Puede ocurrir, por ejemplo, que el “papel dominante en el conjunto de una estructura social sea detentado por otra instancia que no sea lo económico, digamos por el derecho o el estado”⁴⁸.

El neoliberalismo a través del derecho ha modificado las relaciones sociales y las va a trastornar más cuando la humanidad supere esta pandemia.

En nuestro país las políticas neoliberales no solo nos han hecho perder derechos a los trabajadores, también nuestra relación con la producción al reconvertirnos en emprendedores o monotributistas o trabajo no registrado⁴⁹ Ha llevado adelante políticas de endeudamiento en paralelo a la fuga de divisas. Para hacer frente a esas obligaciones se ha tenido que aplicar ajuste del gasto público, recortes presupuestarios en educación, salud, jubilaciones, seguridad social etc.

Se afronta un desafío una vez superada la pandemia mundial: una deuda externa impagable, niveles de pobreza de más de un 40% de la población, élites que tienen sus fortunas en paraísos fiscales y una estructura jurídica que maniata cualquier espíritu de reforma.

¿Se cumplirá el anuncio de Víctor Hugo: “Una revolución nunca es un accidente, sino una necesidad”?

 

Eduardo Antonio Fachal es abogado, reside en Buenos Aires.

Miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Público de abogados de la Capital Federal,  ex director en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires durante quince años. Militante Popular.

 

Notas bibliográficas:

¹Carta abierta de un escritor a la Junta Militar, 24 de marzo de 1977.

²Alberto Benegas Lynch (h) artículo sobre el liberalismo.

³Juan Bautista Alberdi, Escritos Póstumos, Tomo X, Buenos Aires, Editorial Cruz, 1890.

⁴Nicolás Arceo, Ana L. Fernández, Mariana L. González, “El mercado de trabajo en el modelo agroexportador en Argentina: el papel de la inmigración”.

⁵Juan Bialét-Massé, Informe sobre el estado de la clase obrera (1904), Buenos Aires, Hyspamérica, 1985.

⁶Primer Plan  Quinquenal.

⁷PBI que llegó a 9,2 en 2005 y 9,1 en 2010.

⁸El término «crack» proviene del alemán krach (estallido, escándalo) y empezó a utilizarse tras las caídas bursátiles de 1873 en Viena, Austria.

⁹Alejandro  Gabriel  Manzo Estado  y   Derecho  en  la  era  de  la  Globalización  Neoliberal.

¹⁰Prof. Samuel Gress,  Acton Institute, artículo del 25 de febrero 2020.

¹¹1976-1983.

¹²Sociólogo, investigador del Conicet.

¹³El Coeficiente de Gini es un indicador de la desigualdad de los ingresos dentro de un país.

¹⁴Eduardo Basualdo, Sistema político y modelo de acumulación. Tres ensayos sobre la Argentina actual.

Cara o Ceca, Buenos Aires (2011), p. 220.

¹⁵2015-2019.

¹⁶1989-1999.

¹⁷1989-1999.

¹⁸Arelovich Sergio, artículo diario “La Capital”,  26/3/2017.

¹⁹a partir de las leyes de  facto  Nº  21.495,  21.526,  21.572,   21.364,  21.547  y  21.571.

²⁰Manzo, Alejandro, ob.cit.

²¹Eufemismo por ‘se llevaron a paraísos fiscales la producción del pueblo argentino’.

²²Según datos del INDEC del segundo trimestre de 2017.

²³El Gobierno de Macri por decreto modificó la reglamentación de la ley 27.260 de sinceramiento fiscal para habilitar el ingreso de familiares de funcionarios al blanqueo.

²⁴«Efecto Tequila” se llamó a una crisis financiera de origen local causada por falta de reservas internacionales, devaluación de la moneda local y el fortalecimiento de una moneda extranjera. Dicho término nace a raíz de la crisis económica de México en 1994. También es conocida como el “Error de Diciembre”.

²⁵Impuesto al Valor Agregado que pasó del 18% al 21%.

²⁶Aplicada en 1994 por Domingo Cavallo.

²⁷Las contribuciones patronales totales al sistema pasaron del 33 por ciento en 1994, al 17,8 por ciento (promedio) en el 2000.

²⁸Informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

²⁹Pacto de Olivos es el nombre con el que se conoce en Argentina al acuerdo firmado entre la Unión Cívica Radical representada por el expresidente Raúl Alfonsín y el Partido Justicialista representado por el presidente Carlos Menem en 1994, en el que los dos principales partidos argentinos se comprometían a impulsar una reforma constitucional y votar en la asamblea constituyente a favor de un «Núcleo de Coincidencias Básicas» establecidas en el acuerdo.

³⁰Ratificado por la ley provincial Nº 8864.

³¹Eliminó algunos de los subsidios que se implementaron durante el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

³²Representa la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

³³María Belén Alvarez Echazú,  Diario La Nación, pág. Web 9 de Octubre de 2017.

³⁴En contraposición, se hace necesario un poder judicial eficaz e independiente, se plantea una reforma integral y urgente.

³⁵El Banco Mundial y agencias como AID y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) relacionadas con el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

³⁶Marques-Pereira, p. 74, citado por Puello-Socarrás, 2008.

³⁷Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, etc.).

³⁸En otros países de esta región desde el año 1993.

³⁹Entre ellos la participación en las ganancias, el control  de la producción y colaboración de la dirección.

⁴⁰Ley 27426, reforma previsional, Índice de Movilidad Jubilatoria. Haberes. Facultades.

⁴¹Susana R. Presta, Revista de la Carrera de Sociología  vol. 8 núm. 8 2018, 159 – 197.

⁴² Eduardo Febbro, artículo página 12, 19/11/2013 sobre Eric Schmidt, ex ceo de Google.

⁴³Eric Sadim, La irresistible expansión del liberalismo digital.

⁴⁴Eric Sadim, “La siliconización del mundo”.

⁴⁵Se define como empresas startup  a aquellas que se caracterizan por ser un negocio escalable y crecer de una forma mucho más rápida y eficiente de acuerdo a los nuevos parámetros económicos).

⁴⁶Forma teórica de moverse más rápido que la velocidad de la luz.

⁴⁷La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar (conceder) a cada uno su derecho», Ulpiano.

⁴⁸Nicos Poulantzas, “Marx y el derecho moderno”, página 109.

⁴⁹7,6 millones de personas en 2019 según el INDEC.