El término lawfare es usado para designar un método de guerra en el que la ley se caracteriza como una importante “arma” para alcanzar objetivos estratégicos. Fue especialmente aplicado por fuerzas militares, considerando que la utilización de la ley, en vez de la fuerza, implica menores perjuicios financieros y de vida, aparte de garantizar resultados mucho más convenientes. El vocablo que define este método fue citado en un artículo datado en 2001 por Charles Dunlap Jr., coronel de la Fuerza Aérea norteamericana, que lo definió como “la estrategia de hacer uso –o abuso– de la ley como sustituto de los medios militares tradicionales para alcanzar un objetivo operacional”1.
Con el correr del tiempo, el lawfare pasó a formar parte de la arena política y ha sido especialmente utilizado por manifestaciones de la extrema derecha, a través de la manipulación de leyes y tribunales y el uso de herramientas de comunicación que buscan suscitar apoyo público y estructurar el camino para la implantación de un proyecto conservador del poder, demoliendo las bases de Estados democráticos. “Particularmente, esa facción posee dos objetivos principales: desacreditar el derecho internacional y deslegitimar la política de sus oponentes –políticos o no– que usan las instituciones legales como herramientas”2.
Es necesario decir que, aunque el lawfare sea el sustituto del exterminio, su embestida no deja de ser nefasta, por ser capaz de aniquilar reputaciones y, con esto, desestructurar naciones enteras. En Brasil, viene siendo practicado hace algunos años bajo la forma de campaña virtuosa contra la corrupción, cuyos emprendedores (agentes del Poder Judicial, empresarios, vehículos de comunicación y políticos) venden la idea de promover una limpieza ética en el Estado. El objetivo oculto de este íntegro objetivo, sin embargo, es crear espacio para la implantación de un neoliberalismo extremo y sin compromiso social. Según el sociólogo argentino Jorge Elbaum, doctor en Ciencias Económicas, en esta guerra son enemigos y “corruptxs todxs aquellxs que demandan la centralidad del Estado por sobre las transnacionales, las empresas o las corporaciones»3.
En Brasil, la operación Lava Jato es el principal exponente de la lucha en pro de la moralidad pública. Fue iniciada en 2014 con la instauración de procesos y condenas jurídicas de políticos por la práctica de corrupción y lavado de dinero, entre otros delitos. Su actuación, siempre aplaudida por la sociedad y exageradamente ennoblecida por diversos vehículos de comunicación, también sufrió críticas contundentes de juristas nacionales e internacionales por promover procesos que demuestran importantes niveles de persecución personal y frágil instrucción procesual, entre otros aspectos jurídicos contradictorios. Es el caso del proceso y de la condena del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuya defensa jurídica informa haber sido víctima de lawfare y cuyas informaciones recientes, oriundas de conversaciones privadas en la aplicación Telegram, entre procuradores y el juez de la causa, Sergio Moro, obtenidas de una fuente anónima por el sitio The Intercept Brasil, denotan con bastante robustez.
Tras varios años de la operación Lava Jato, la clase política brasilera comenzó a ser encarada negativamente por la sociedad, haciendo que en las elecciones presidenciales de 2018 fuera electo Jair Bolsonaro, político de extrema derecha que se autopromocionó con base en la imagen de probidad y renovación de la clase política, utilizando tácticas de comunicación que encajan perfectamente en el concepto de «Comunicación Estratégica» introducido por Gregory Noone, director del Programa de Inteligencia Nacional de la Universidad Estatal de Fairmont de los EE.UU. Para él, este importante elemento amplió el sentido de lawfare y tiene la función de “captar audiencias claves para crear y preservar condiciones favorables para avanzar en los intereses y objetivos nacionales mediante el uso de información coordinada, temas, planes y acciones sincronizados y operaciones de información con otros elementos del poder nacional”4.
Lo que se verifica en la práctica es que la Comunicación Estratégica, aparte de herramienta que incrementó lo del sentido de lawfare, también fue desarrollada y trasladada a ambientes de confrontación política. Su propio sentido también fue ampliado y su práctica proliferó para abarcar los objetivos de la extrema derecha.
Durante la contienda presidencial de 2018, la base política de Bolsonaro usó y abusó de este elemento, sea en sus declaraciones reflejadas en la prensa, sea en la creación de noticias falsas sobre sus adversarios políticos y diseminadas en las redes sociales. Después de ser electo, invitó al juez que condenó a Lula, Sergio Moro, para ser Ministro de Justicia de su gobierno y, desde entonces, se mantiene su estrategia de comunicación para sostener la credibilidad de la operación Lava Jato, justamente por haber sido ella la principal responsable de su ascensión al poder.
Durante la campaña para las elecciones, Jair Bolsonaro sufrió una agresión física el día 6 de septiembre de 2018, en Juiz de Fora (MG). Un hombre llamado Adelio Bispo le dio una puñalada cuando lo cargaban sus acólitos por las calles del centro de esa ciudad. El fatídico acontecimiento pasó a ser utilizado por el presidenciable, en aquella época, para sensibilizar a su electorado. Sin embargo, aun después de haber sido electo, cuando las investigaciones policiales estaban finalizando y llegaban a la conclusión insuperable de que su agresor tenía problemas mentales, Bolsonaro insistía en que ese hombre era representante de un partido de izquierda brasileño, el Partido Socialismo y Libertad (PSOL). La intención era, claramente, criminalizar aquel partido al instar, aun sin ningún indicio, que solamente un opositor político con ideología antagónica a la suya, especialmente de izquierda, sería capaz de perpetrar ese crimen cuya víctima había sido él. La declaración no generó efectos jurídicos, pero acarreó graves perjuicios psicológico-sociales al desvirtuar las razones jurídicas ya debidamente establecidas por el procedimiento investigativo del hecho, aparte de perjudicar la imagen del partido calumniado al colocarlo en la posición de “enemigo”. Eso se evidenció en las manifestaciones de sus partidarios en redes sociales y en la diseminación de pseudoinformaciones sobre las desconfianzas ilegítimas de Bolsonaro en estos ambientes.
Luego del atentado, cuando Adelio Bispo respondía el proceso criminal resultante de su conducta, Bolsonaro planteó la hipótesis, nuevamente sin justificación alguna, de que uno de sus abogados estaría involucrado en el famoso episodio, y exigió que la Justicia acatase el pedido de ruptura del secreto telefónico de ese profesional. Tal requerimiento fue rápidamente contestado por la Orden de los Abogados de Brasil (OAB), pues no había indicios de la participación del abogado de Adelio en el crimen y, como profesional de la defensa, él posee prerrogativas legales que impiden el arbitrio de que se escuchen conversaciones y que se tenga acceso a informaciones que se condigan con su actividad profesional.
La actitud de Bolsonaro, a primera vista, aunque demuestre evidente autoritarismo, parece haber sido inofensiva, dado que su pedido excepcional fue revertido por el propio forense, anteponiéndose la defensa de garantías y derechos legales y constitucionales de la abogacía. Sin embargo, más allá del deseo de obtener beneficios prácticos, su comportamiento encaja perfectamente en la definición de Comunicación Estratégica indicada por Noone, pues las declaraciones de tal naturaleza tienen el poder de comprometer y contaminar la opinión pública, principalmente cuando se las reproduce masivamente a través de mecanismos sofisticados de difusión en redes sociales, herramientas utilizadas con frecuencia por representantes de la extrema derecha5. La performance de Bolsonaro no demostró tener el propósito de contestación efectiva como aparentaba, sino más bien el de deslegitimar garantías establecidas por ley y demonizar a representantes de ideas antagónicas a las suyas, especialmente las que se yuxtaponen a los principios de la democracia y del estado de derecho. Todo aquello que, de alguna manera, forja enemigos y los coloca como blancos de una guerra política que aparenta ser justa.
Es interesante notar que, con la noción de Comunicación Estratégica en los ambientes de guerrilla política, una ley o regla no necesita necesariamente ser violada, porque en la mayoría de las veces la ley es justamente cumplida por las autoridades; pero el agente político puede utilizar la percepción pública de su violación o de que el propio respeto a la norma es una actitud injusta, atesorando el apoyo social como manera de desestabilizar al opositor. En el caso de Bolsonaro, al cuestionar al abogado de Adelio e incitar a la justicia a violar una ley federal, sin ninguna motivación concreta de su participación en el atentado, en verdad logró construir la narrativa de que: a) estaría siendo víctima de una injusticia practicada por el abogado de su agresor; b) la OAB estaría en connivencia con el ilusorio crimen del cual él acusaba al abogado; c) el Poder Judicial habría actuado traicioneramente al impedir que la investigación acometiera a ese profesional. Con tal discurso, Bolsonaro consiguió contaminar la opinión pública y transformar en enemigos a tres importantes figuras de la democracia (abogado, OAB y Poder Judicial). A fin de cuentas, el agente político se coloca en posición de víctima frente a los villanos que el mismo construyó y, con esto, está ganando la guerra.
Noone explica que la Comunicación Estratégica no es aleatoria y cuenta con el apoyo de diferentes herramientas, entre ellas las denominadas operaciones psicológicas (PSYOPs). De acuerdo con el estudioso, las PSYOPs son “operaciones para transmitir información e indicadores seleccionados al público extranjero para influir en sus emociones, motivos y razonamiento objetivo, y en última instancia, en el comportamiento de gobiernos, organizaciones, grupos e individuos. El objetivo de las PSYOPs es inducir o reforzar el comportamiento favorable a los objetivos del originador”7. Como se ve, las PSYOPs fueron delineadas para dar en blancos extranjeros porque provienen del lawfare y éste es, en su acepción original, proyectado para ambientes de combate entre naciones adversarias. En el contexto político, sin embargo, demuestran ser aplicadas y replicadas externa e internamente, sea para objetivos políticos internos o incluso para beneficiar intereses económicos externos.
En Brasil, la propaganda política de la extrema derecha hace uso sistemático de la Comunicación Estratégica con la divulgación deliberada de noticias distorsionadas sobre sus adversarios, que pueden ser políticos, periodistas o juristas, tratando de minar sus reputaciones y así poder prolongar su permanencia en el poder. Para la profesora de Derecho y directora del Centro de Estudios Jurídicos Globales de la Thomas Jefferson School of Law (NY), Susan Tiefenbrun, hay diferentes técnicas de lawfare que, amoldadas al contexto político, se configurarían como acusaciones frívolas, acciones judiciales y discursos de odio que pueden damnificar a importantes críticos y opositores, generalmente políticos y periodistas. El éxito, sin embargo, depende esencialmente de la credulidad de personas legas7, porque lo que se busca es el constante apoyo de la opinión pública para oponerse a personas e instituciones. En el ambiente político, a su vez, las tácticas de comunicación también se aprovechan de la inexperiencia, desconocimiento y desinformación del público.
La diseminación de informaciones no verídicas o medias verdades construidas en el proceso de lawfare o en ambientes de guerrilla política, puede producir historias que, muchas veces, son compradas y diseminadas en gran escala por importantes órganos de prensa. Pero cuando la verdad sobre estos hechos sale a flote y deben ser desmentidas, ya se han convertido en una realidad difícil de modificar “porque las organizaciones de noticias están avergonzadas de no haber hecho la debida diligencia previa”8.
Justamente por el uso abusivo de esas tácticas de lucha contra el “enemigo” –que amplían el sentido de lawfare– y la aplicación de operaciones psicológicas con efectos nocivos, en lugar de efectivamente combatir a enemigos, lo que la sociedad hace es legitimar conductas ilegales o inmorales promovidas por los poderosos que la captaron y convencieron. Es, por lo tanto, irónico que leyes e instituciones que tienen la función de limitar las acciones de tiranía, en realidad, a través del lawfare y de sus derivados mecanismos de guerrilla, habiliten discursos autoritarios y sojuzguen a los más frágiles representantes de la población, al ser insuflados contra derechos, garantías e importantes instituciones que actúan a su favor.
Es importante que conste que el abuso de la utilización de estas tácticas de guerra promueve la degradación de las democracias y de los instrumentos legales de las naciones. En Brasil, se espera que su expansión sea bloqueada con celeridad, sea por medio de legislaciones, sea por la actuación energética de instituciones del Poder Judicial, a fin de que se consiga revertir cuanto antes los daños sociales ya producidos por su práctica indiscriminada.
Hevelin Cristiane Agostinelli Quintão es periodista y abogada criminalista, reside en Curitiba.
Tiene una especialización en Marketing por el Centro Universitario Franciscano de Curitiba (UNIFAE) y en Derecho Penal y Criminología por el Instituto de Criminología y Política criminal del Paraná (ICPC).
Traducción: Eva Arenas
Notas:
1 DUNLAP JR., Charles apud NOONE, Gregory P. Lawfare or Strategic Communications? Case Western Reserve Journal of International Law. Cleveland, v. 43, ed. I, 2010. p. 72-85. Disponible en: <https://scholarlycommons.law.case.edu/jil/vol43/iss1/5>.
2 NOONE, Gregory P. Lawfare or Strategic Communications? Case Western Reserve Journal of International Law. Cleveland, v. 43, ed. I, 2010. p. 72-85. Disponible en: <https://scholarlycommons.law.case.edu/jil/vol43/iss1/5>. Acceso: 5 de agosto de 2019.
3 ELBAUM, Jorge. Lawfare: las cárceles de la política latinoamericana. Rebelión, 10 de julio de 2018. Disponible en: <https://www.rebelion.org/noticia.php?id=243948>. Acceso: 19 de agosto de 2019.
4 NOONE, op. cit.
5 PRIVACIDADE HACKEADA. Direção: Karim Amer, Jehane Noujaim, Produção: Karim Amer, Pedro Kos, Geralyn Dreyfous, Judy Korin. Estados Unidos: Netflix, 2019. Disponible en: <https://www.netflix.com/br/>. Acceso: 3 de agosto 2019.
6 DEPARTMENT OF DEFENSE, JOINT PUBLICATION 3-13 INFORMATION OPERATIONS II-1 (Feb. 13, 2006), apud NOONE, Gregory P. Lawfare or Strategic Communications? Case Western Reserve Journal of International Law. Cleveland, v. 43, ed. I, 2010. p. 72-85. Disponible en: <https://scholarlycommons.law.case.edu/jil/vol43/iss1/5>. Acceso: 5 de agosto de 2019.
7 TIEFENBRUN, Susan W. Semiotic Definition of lawfare. Case Western Reserve Journal of International Law. v. 43, ed. I, 2010. p. 28-60. Disponible en: < https://scholarlycommons.law.case.edu/jil/vol43/iss1/3/>. Acceso: 8 de agosto de 2019.
8 NOONE, op. cit.