Desde que esto empezó a tratarse, a discutirse, a descubrirse, ya creo que pasaron dos meses, fue en febrero. Yo creo que es tiempo suficiente como para sacar algunas conclusiones, probablemente yo tengo la libertad de hacerlo desde la política; los fiscales, los jueces están más limitados porque lo tienen que hacer desde el campo jurídico. Pero eso no significa que las valoraciones que nosotros podemos hacer no tengan la misma fuerza en términos sociales que tienen la sentencia de un juez o las opiniones de un fiscal.
Ya creo tener un panorama bastante claro de qué es lo que está pasando aquí y no quiero quedarme exclusivamente en lo que, a esta altura, es, casi después de dos meses, una cuestión de naturaleza secundaria, que es el caso D’alessio o incluso el propio rol del fiscal Carlos Stornelli. Ellos, en realidad, son piezas de un engranaje que tiene una característica mucho mayor. Esto es consecuencia de que se aplicó un método –desde 2013, 2014, en adelante– inspirado fundamentalmente en el entramado entre la Embajada norteamericana, un sector del poder judicial y el grupo Clarín, que tenía como objetivo sembrar el odio para producir en la sociedad determinadas reacciones contra aquel gobierno. De ahí se originaron, con financiamiento de los fondos buitre, campañas muy intensas, como la del famoso tema del supuesto asesinato del fiscal Alberto Nisman –dicho sea de paso, hay un fiscal de la cofradía Pro al que le están pidiendo una tarea aún más sucia que a Stronelli, que es que fabrique un asesino para Nisman: el fiscal Eduardo Taiano. Y les dio resultado porque el tema del Memorandum de entendimiento con Irán, el tema de la causa de dólar futuro, el tema Nisman, la denuncia de que Nilda Garré (ex ministra de Defensa) y Máximo Kirchner (hijo de la ex presidenta Cristina Kirchner) que tenían 45 millones dólares en el exterior, todos disparates que no eran judiciables.
Todo eso tuvo un impacto electoral indudable, tuvieron éxito. De ese modo lograron instalar el gobierno que ellos querían instalar y generaron en la sociedad un voto que fue más por reacción que en favor de. Era el voto contra ‘la yegua’, contra ‘la corrupción’, contra ‘el narcotráfico’, etcétera.
¿Y qué dicidieron, entonces? Eso que venía desde afuera, como tuvo éxito, lo institucionalizaron a partir de que asumió Mauricio Macri como una política de estado y con protección estatal. Es como cuando se produjo el pase de las tres A (la Triple A) al terrorismo de estado. Acá se produjo el pase de esta metodología al terrorismo mediático y judicial con compromiso estatal en el que están vinculados el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad, la Unidad de Información Financiera, la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) y por supuesto la AFI (Agencia Federal de Inteligencia). Todo eso se resume en la llamada ‘mesa judicial’ que tiene el presidente.
Es la primera vez en la historia democrática que hay una mesa judicial que se anuncia con bombos y platillos a qué hora se reúne, dónde, etcétera, que analiza todos esos casos. Cada uno ha cumplido un rol. La AFI cumplió un rol, ¿cuál fue el rol de la AFI? De entrada, inventar algunas causas, tratar de separarlo a Sebastián Casanello de una de las causas (diciendo que prácticamente tomaba el té con Cristina todos los días). Todo eso terminó muy mal: terminó el testigo que habían implantado, procesado por testigo trucho. Eso lo hizo el fiscal Eduardo Miragaya desde adentro de la estructura de la AFI –fiscal que llegó a esa estructura junto con Silvia Majdalani (subdirectora de AFI) y Ricardo Arribas (director de la AFI). Salió mal el operativo porque se frustró y, además, dejaron marcados los dedos. Segunda operación que intentaron desde la AFI –también con Miragaya–, quebraron a los hijos de Lázaro Baez para que se transformaran en arrepentidos e imputaran a Cristina Kirchner. Salió mal, entonces, en ese momento, en la AFI, ¿qué decidieron? Lo sacaron a Miragaya y decidieron tercerizar esa labor, sacarla de la AFI para no volver a cometer esos errores y sobre todo para no dejar los dedos marcados. Y decidieron armar un grupo, reclutar un grupo con uno de los que había sido funcionario hasta ese momento de una experiencia terrible que fue la denominada AMBA que era establecer bases de la AFI en el Gran Buenos Aires. Lo tomaron al comisario Ricardo Bogoliuk, que había sido el responsable de esa base en Ezeiza, y que tenía un jefe que era el señor Pablo Piamonti, y le indicaron que armara el grupo. Reclutó a Andrés Degastaldi, a Marcelo D’alessio, a Rolando Barreiro, y empezaron a hacer las operaciones que antes se hacían desde la estructura oficial, por afuera. Tercerizaron, como hacen muchos servicios de informaciones en lo últimos tiempos.
Tuvieron la mala suerte de reclutar entre otros a alguien como D’alessio. Siempre hay un punto donde se quiebra la impunidad. Y, en paralelo, actuaban los otros organismos del estado: el ministro de Justicia, Germán Garavano reuniéndose con Leonardo Fariña para darle el guion de cómo debía declarar en la causa a cambio de mejorar la situación que él tenía –recordemos que Fariña estaba preso cuando llegó Macri–; le dijeron «te lo vamos a sacar de encima al juez Carlos Rozanski». Se lo sacaron. Ahí le prometieron también que iban a cambiar al juez Daniel Rafecas; hasta ahí no llegaron. También que lo iban a sacar al juez Eduardo Freiler. En esa reunión estaba la defensora de Fariña. Le dijeron que tenía que presentarse en esa causa que era la causa famosa del lavado de dinero. Necesitaban transformar eso en un delito precedente más grave para poder incluir a Cristina Kirchner –hacer que se transformara en coima de obra pública. Como Fariña no sabía nada del tema obra pública le dijeron que le mandarían correos electrónicos donde le ‘darían letra’. Efectivamente, armaron un correo electrónico con un servidor de Suiza, –administrado en Suiza, que es muy difícil penetrar– y le empezaron a pasar, a partir del 23 de marzo, toda la letra que él tenía que volcar en el expediente sobre la obra pública mencionando expresamente a Cristina. Obra pública en Santa Cruz que ha sido el delito precedente que después los otros jueces sin ética usaron en las otras causas: Hotesur, Los Sauces y la propia causa de la obra pública. De esa declaración de Fariña sacaron todos los elementos.
Ese fue el rol del ministro de Justicia, Germán Garavano. El rol de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue pagarle los 200,000 pesos por mes a Fariña y darle un chalet extraordinario (tenemos las fotos donde vive con una enorme comodidad). La Unidad de Información Financiera también avanza, incluso como querellante. También la titular de la Oficina Anti Corrupción, Laura Alonso.
Esto, en este caso puntual, pero puedo relatar cómo hicieron los armados en todos los casos, absolutamente en todos. Es más, uno lee las declaraciones de Fariña –las que le pasaban por correo electrónico, y es exactamente lo que, hoy, la abogada denuncia. La abogada cuenta cómo armaron la reunión con Garavano. La armó un periodista. Un periodista lo llamó a Garavano y le dijo que tenía que recibir a Fariña. Acá también hay periodistas –mejor dicho periodistas no, eso es darle demasiada categoría, acá hay operadores políticos disfrazados de periodistas.
Hicieron todo este trayecto en este caso y en otros casos. Si se lee la declaración de Fariña –la que guionaron– está repetida años después (porque esto sucede en 2016). Años después está repetida en los cuadernos o en las fotocopias, es exactamente igual, ¡exactamente igual! Es lo que después repiten en los famosos cuadernos que alguien quemó para hacerse un asado. Entonces, el problema ya no es D’alessio, el problema ya no es Stornelli. El problema es que estamos frente a una organización política que tiene un responsable que es el presidente de la Nación que, a través, de ese gabinete denominado ‘mesa judicial’ es el que ha llevado adelante todo esto.
Todo esto también implica tener que remover jueces, por eso la mesa judicial indica a qué jueces hay que echar.
Termino con esto: frente a esta denuncia, ¿cómo reaccionó el poder judicial? El juez Ramos Padilla reaccionó como debía reaccionar cualquier juez de la constitución. La Corte Suprema tímidamente le dio un respaldo cuando le entregó un auto y dos empleados. La Cámara de Mar Del Plata lo respaldó. ¿Cómo reaccionó el parlamento? Lo trajimos a la Comisión de Libertad de expresión, rompimos el secretismo que es fundamental. Se lo llevamos a la Comisión de Seguimiento de los servicios inteligencia, etcétera. ¿Cómo reaccionó el presidente de la Nación? Dijo: «hay que echarlo».
Leopoldo Moreau es diputado de la Nación, reside en Buenos Aires.
Fue periodista. Dirigente de la Unión Cívica Radical. Fue senador. Fundó el Movimiento Nacional Alfonsinista. Hoy es diputado por Unidad Ciudadana. Integra varias comisiones en la Cámara, entre ellas, la de Libertad de expresión y la Bicameral de Fiscalozación de organismos y actividades de inteligencia.
Desgrabación: Alina Orihuela.
Revisión: Marcela Negro.
* Texto desgrabado y editado del comentario realizado por el diputado Leopoldo Moreau en el programa televisivo Minutouno (C5N), conducido por el periodista Gustavo Sylvestre el día 5 de abril de 2019. https://www.youtube.com/watch?v=G62cr2wFvH0&t=7s